A fin de encontrar una solución justa para resolver la huelga indefinida que desde el pasado 13 de setiembre protagonizan los pobladores de la comunidad campesina de Oyón contra la empresa minera Buenaventura, el vicepresidente del Parlamento Andino, Fernando Arce, hizo votos para que –en el plazo más breve plazo– se arribe a una solución pacífica, definitiva y justa entre las partes en controversia.

A la convocatoria de Arce Alvarado asistieron dirigentes comuneros de Oyón, representantes de la empresa minera Buenaventura y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, luego de dos horas de conversación ambos grupos persistieron inamovibles en sus respectivas posiciones.

Nemecio Meléndez presidente de la comunidad campesina de Oyón reiteró que el principal reclamo y acuerdo de la comunidad es la destitución de tres funcionarios de la empresa minera de las áreas de Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias, además del superintendente de Operaciones, porque habrían obstaculizado el proceso de aplicación de acuerdos del 2006, 2016 y 2018.

‘No es un capricho –reiteró– es que con dichos funcionarios el diálogo está roto y no hay posibilidad de entendimiento.

El representante legal de la comunidad campesina de Oyón, Alejandro Huara, recordó que en convenios anteriores (2012 y 2018) ya se habían tratado temas como la falta de atención a sus reclamos laborales, educativos y de salud.

Durante los años 2020 y 2021, la pandemia agudizó las relaciones con los representantes de Buenaventura, “porque observamos falta de solidaridad con la comunidad, Buenaventura no quiso apoyar la implementación de una planta de oxígeno. Se pudieron salvar muchas vidas. En cambio, 200 comuneros no tuvieron contratos laborales».

Otro punto que reclaman los comuneros es el incumplimiento de acuerdos en el tema laboral. Desde el 2006, se firmó por mutuo disenso, por el que el 65 % de los tres mil trabajadores de la minera Buenaventura en el sector Uchucchacua serían ocupados por personas procedentes de dicha comunidad. Antes, debieron haber sido capacitados, pero este acuerdo nunca se cumplió.

Por su parte, Ana María Rivera, representante de Buenaventura, observó que las denuncias de los comuneros no tienen ningún sustento y admitió que el tema de los cupos laborales para los de la comunidad será atendido paulatinamente.

«No acepto que se afirme que Buenaventura no es una empresa solidaria. La empresa ha donado hasta dos plantas de oxígeno en otras regiones del país», precisó.

Frente al pedido de separar a los tres funcionarios de Buenaventura, la empresa sí aceptó ese reclamo por otros profesionales, «pero que tampoco fueron aceptados por la comunidad por no contar con las garantías de cumplimiento suficientes».

Ante tal situación, el parlamentario andino Arce aceptó que no hay puntos de conciliación. «Nuestra función es coadyuvar con la reactivación económica. Los pliegos laborales deben cumplirse. Hemos oído a las dos partes. Los invoco a ceder en aras de una pronta solución», afirmó el representante peruano ante el Parlamento Andino.