El parlamentario andino Fernando Arce (PL) se pronunció a favor de encontrar una solución justa para resolver la huelga minera indefinida que, desde el pasado 13, protagonizan los pobladores de la comunidad campesina de Oyón contra la empresa Buenaventura.

Por tal motivo, convocó a su despacho a los representantes de la comunidad campesina de Oyón, al sindicato de trabajadores de las empresas especializadas de la mina Buenaventura (Uchucchacua-Oyón) y a los funcionarios de la minera Buenventura.

Nemecio Meléndez, presidente de la Comunidad Campesina de Oyón, se quejó del mal trato que reciben por parte de los funcionarios de la empresa minera. «Cada vez que la comunidad campesina ha cedido terrenos para la empresa Buenaventura, hemos recibido migajas. En los años 2006, 2016 y 2018 se firmaron acuerdos de entendimiento, pero no se han cumplido», indicó.

El principal reclamo de los comuneros de Oyón (en cuyos terrenos opera la minera) es que se cumpla el acuerdo de dar capacitación y trabajo a sus integrantes para que accedan al 65 % de los tres mil puestos de trabajo de la minera Buenaventura en la denominada unidad Uchucchacua (Oyón, Lima).

Además, Meléndez explicó que, por la pandemia y la llegada de seiscientos extranjeros, se ha agudizado la crisis laboral en Oyón, lo que trajo consigo la rebaja de los sueldos. «Aquellos que salieron a Huacho y Lima, tuvieron que retornar a la comunidad para sustentar a su familia, afirmó.

«La comunidad ha cedido, en servidumbre de uso, tres kilómetros cuadrados a la empresa para que realice un proyecto de tratamiento de agua: proyecto Huantajalla. La empresa se comprometió a hacernos partícipes de dicho proyecto. Nunca sirvió para los fines anunciados, sino para continuar con la exploración minera», explicó.

Por su parte, José Alcedo, secretario general de las empresas especializadas de la Unidad Uchuchacua, sostuvo que su gremio apoya la medida de fuerza pacífica de la comunidad de Oyón.

Ambos dirigentes solicitaron la destitución de los funcionarios de las áreas de Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias, así como del superintendente de Operaciones, “porque han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos”.

A su turno, Ana María Rivera, responsable de Asuntos Sociales de la minera Buenaventura, sostuvo que ningún diálogo se puede iniciar de manera condicionada. Ofreció revisar los requerimientos de los comuneros a la par que instó a los dirigentes que depongan la huelga indefinida.

El parlamentario andino Fernando Arce propuso constituir una mesa de diálogo entre los representantes del conflicto minero para sincerar propuestas y respetar el derecho de los trabajadores, «que deben ser conjugados con los intereses de Buenaventura».

«Es hora de solucionar las cosas. En años anteriores los conflictos de esta naturaleza eran apaciguados con la participación del defensor del Pueblo. Los acuerdos no pueden ser letra muerta. Estamos para ayudar a que Oyón se pacifique», aseveró.