Los bosques amazónicos se cuentan dentro de los ecosistemas más ricos del mundo en cuanto a diversidad biológica y recursos en general. Por desgracia, se ven amenazados de forma permanente por actividades ilegales que atentan contra su conservación. Dos de ellas son la deforestación y la tala ilegal.

Controlar estas actividades es un asunto espinoso debido a muchos factores. Entre ellos, la propia naturaleza del bosque: su gran extensión, complejidad, dificultad de manejo y difícil accesibilidad. Sin embargo, es imperativo hacerlo. Y, como ocurre con cualquier problema, el primer paso debería ser conocerlo a profundidad. En ese marco, es importante, antes que nada, diferenciar con claridad ambas actividades, ya que sus causas, actores involucrados y consecuencias, sin lugar a dudas, difieren. Y, por consiguiente, las estrategias a implementar para afrontarlos también deberían diferir.

La tala ilegal de madera es la extracción de este recurso sin la debida autorización (su tipología se define en la legislación forestal de cada país amazónico). Ello conlleva a que dicha extracción se lleve a cabo sin considerar los principios del manejo forestal sostenible, que aseguran la sostenibilidad. Dichos principios exigen planes de manejo para los que se realizan inventarios, se establecen parcelas anuales de corta, se desarrollan prácticas silviculturales, se identifican árboles semilleros, se respetan los diámetros mínimos de corta, se realiza un aprovechamiento de bajo impacto, entre otros aspectos. Por el contrario, la tala ilegal ingresa al bosque sin planificar, corta las especies comerciales, las extrae sin considerar los impactos y construye caminos para el desembosque sin criterios técnicos o de conservación.

Esto, como es lógico, degrada el ecosistema. No obstante, es necesario aclarar que la tala ilegal no genera la remoción total de la masa arbórea y por lo tanto el bosque permanece en pie y sigue proveyendo gran parte de los servicios ecosistémicos que benefician tanto al hombre como al planeta (captura y almacenamiento de carbono, mejora de la calidad del aire, el agua y los suelos, entre otros).

La deforestación, en cambio, es una actividad diferente. Generalmente se produce para usar el suelo que sostiene a la masa forestal, en otras actividades. Por desgracia, no se toma en cuenta que los suelos de la selva son en su mayoría de mala calidad (ácidos, muchas veces saturados de aluminio, entre otros problemas). Y por ello, cuando la materia orgánica superficial —que está allí gracias a los árboles que antes existían— se agota, el responsable de la deforestación se traslada a otra área para volver a arrasar el bosque. Así, esta actividad se vuelve «migratoria» y debido a ello afecta a grandes extensiones de bosques.

A esto hay que sumar el agravante de que normalmente esta deforestación se realiza quemando el bosque y con ello el dióxido de carbono (CO₂) que se almacenaba en el ecosistema (tanto en los árboles como en el suelo) regresa a la atmósfera. Al ser el CO₂ un gas de efecto invernadero (GEI), esta actividad contribuye al cambio climático. Y no contribuye poco. Según el inventario de estos GEI elaborado en el Perú para el año 2016 (Infocarbono del Ministerio del Ambiente), el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (es decir, la deforestación) representó el 53% de las emisiones del país.

En ambos casos, la afectación al bosque amazónico es grave y por ello ambas actividades, sin duda, se deben combatir. Sin embargo, hay que considerar también que detrás de la tala ilegal, además de grandes mafias, hay pequeños extractores buscando su subsistencia y detrás de la deforestación hay un campesino que practica esta actividad para poder abastecer de alimentos a su familia. En otras palabras, se debe tener en cuenta que detrás de las dos actividades existe un problema estructural: la pobreza y las brechas que esta ocasiona. Ante ello, mal haríamos en enfrentarlo únicamente a través del control, la fiscalización y el endurecimiento de penas. Hay que reconocer que el tema es mucho más complejo que eso y probablemente las soluciones tengan que contemplar estrategias y medidas que apunten a poner en valor los recursos que ofrece el bosque y capacitar a los actores locales para hacer un aprovechamiento sostenible de ellos. Esto requerirá una respuesta multisectorial y multinivel por parte de los Estados del Parlamento Andino, la participación del sector privado y la sociedad civil, y el apoyo de la cooperación internacional.

Datos:

• De los 128 millones de hectáreas que abarca el territorio nacional, más de 68 son bosques amazónicos; es decir, el 53% del total (MINAM).
• En el año 2020 se perdieron 203 272 hectáreas de bosques; y en el periodo 2001-2020 la cifra llega a 2 636 585 hectáreas (MINAM).
• A nivel global la tala y el comercio ilegal suponen un coste estimado para los gobiernos entre 10 – 15 000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos (FAO).
• Una de las estrategias para disminuir la tala y comercio ilegal de madera, es contribuir a que la actividad que se realiza de forma legal sea competitiva. Desafortunadamente, en el Perú la actividad forestal se enfrenta a muchos obstáculos y estos se reflejan en los costos de producción y exportación de nuestro recurso. Salvando las distancias en cuanto a especies forestales, importar madera tiene un costo de 25 – 37 dólares por metro cúbico. En contraste, exportar madera desde Loreto cuesta entre 124 y 184 dólares por metro cúbico (PCM, USAID, US Forest Service).
• En esa misma línea, es más costoso transportar un contenedor de madera desde Loreto, Ucayali y Madre de Dios hasta el Callao que desde el Callao hacia el extranjero, incluyendo países de Asia y Europa (PCM, USAID, US Forest Service).

Las opiniones vertidas en el presente artículo no son necesariamente las de la Representación Nacional del Perú ante el Parlamento Andino.